Visita ‘decepcionante’ del alto comisionado de la ONU por crisis de desapariciones en México: activista
La activista por los derechos humanos Eliana García afirmó que la visita a México del alto comisionado de Naciones Unidas en la materia, Volker Türk, dejó un balance negativo entre víctimas y organizaciones civiles, al considerar que no hubo una postura firme frente a la crisis de desapariciones ni un pronunciamiento claro sobre la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo,Sostuvo que el mensaje final del funcionario internacional era insuficiente frente a la gravedad del contexto mexicano y acusó que terminó por validar la narrativa oficial del Estado.
“Ha sido una visita con una conclusión decepcionante”señaló. Añadió que, desde la perspectiva de víctimas y acompañantes, “al parecer lo que hace es legitimar todas las acciones del Estado”, al reconocer los esfuerzos gubernamentales por encima de los señalamientos hechos por familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles.
La defensora explicó que uno de los principales reclamos fue que originalmente no estaba previsto un encuentro con familiares de personas desaparecidas. Según relató, la reunión solo se concretó después de presión pública mediante cartas y comunicados.
“Tuvo que haber mucha presión con comunicados, cartas, para que se diera la reunión con familiares de personas desaparecidas”, indicó. Agregó que quienes asistieron consideraron que el alto comisionado fue “muy tibio, y si no, complaciente” en sus declaraciones públicas posteriores.
Rezago en leyes de víctimas y desaparición
García afirmó que durante los encuentros se expuso al representante de la ONU que México mantiene una deuda estructural en la aplicación de la legislación existente en materia de víctimas y desaparición forzada.
“Se le dijo claramente que no hay una buena implementación de toda la legislación existente en México para atención a víctimas desde 2013”, dijo. Señaló que, pese al marco legal aprobado en los últimos años, no existe una operación adecuada de los mecanismos previstos en la ley general en materia de desaparición ni en la Ley General de Víctimas.
Como ejemplo, grabado que desde 2014 no se ha instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimasinstancia prevista legalmente para coordinar políticas públicas de atención.
Añadió que el alto comisionado reconoció que existe un desafío de derechos humanos y sufrimiento prolongado para las familias, además de que son ellas quienes buscan a sus seres queridos. Sin embargo, reprochó que no habría críticas sobre el incumplimiento institucional.
“Planteando que ya hay un protocolo de búsqueda, que la ley de desaparición es ejemplar, pero no hace ninguna crítica realmente a lo que está sucediendo en la implementación”, sostuvo.
“Las búsquedas las hacen las familias”
El activista remarcó que la búsqueda de personas desaparecidas sigue recayendo principalmente en madres, padres y colectivos, no en las autoridades. “El tema de búsqueda lo hacen las familias, no lo hacen realmente las autoridades”, afirmó.
También señaló que el funcionario habló sobre identificación forense, pero omitió la falta de recursos públicos para enfrentar la crisis de cuerpos sin identificar y restos humanos acumulados en servicios forenses.
“No habla en ningún momento de la necesidad urgente de recursos suficientes, que no hay”, expresó, y agregó que “el presupuesto para las víctimas ha disminuido, mientras que el presupuesto para la defensa nacional ha aumentado”.
García sostuvo que faltó una explicación estructural de la impunidad en México. Según dijo, no basta con mencionar la falta de castigo, sino que debe reconocerse la existencia de redes criminales participación estatal y empresarial.
“Habla de la impunidad, pero no se habla de que la impunidad es producto de un pacto de redes macrocriminales, en donde las autoridades están directamente involucradas”, dijo. También mencionó “la complicidad de las autoridades y las estructuras empresariales con el crimen organizado”.
Añadió que, por ello, el resultado de la visita no dejó una percepción positiva entre quienes acompañan casos de desaparición forzada. “Esperábamos más realmente de su visita, y pues no nos deja con un buen sabor de boca”.
Silencio sobre el artículo 34
La activista abunda sobre la ausencia de un posicionamiento específico sobre la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permitiría escalar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU.
“La primera pregunta concreta que le hicieron fue precisamente sobre ese tema”, señaló. Sin embargo, afirmó que “lo que hizo fue darle la vuelta”, al limitarse a hablar de acompañamiento y cooperación institucional.
Explicó que la relevancia de ese artículo se relaciona con el reconocimiento contenido en el artículo 5 de la convención, referente a desapariciones sistemáticas o generalizadas que pueden constituyen crímenes de lesa humanidad. “La activación del artículo 34 es una cuestión fundamental”, sostuvo.
Acusó que el Estado mexicano, desde la presidencia de Felipe Calderón y hasta la actualidad, ha rechazado de forma reiterada observaciones internacionales. También cuestionó los anuncios del oficialismo sobre las reformas legales para facilitar búsquedas inmediatas, al señalar que la obligación de actuar sin esperar plazos ya estaba prevista en la ley desde años atrás.
Recordó que desde 2013 ya existía la obligación de no esperar ningún lapso para iniciar la búsqueda de una persona privada de la libertad. Como ejemplo de omisiones recientes, mencionó el caso de Edith Guadalupe, en el que, afirmó, no hubo diligencia inmediata y posteriormente sus restos fueron localizados sin vida.
García detalló que en la reunión con familiares participarán once plataformas de distintas índole y se abordaron una vez temas vinculados con la crisis nacional. Entre ellos se mencionan guerra sucia, reparación integral, seguridad pública, ausencia de prevención del delito, búsqueda, investigación e identificación forense.
Dijo que la exigencia principal fue pedir al alto comisionado que apoyando la activación del artículo 34 y que no diera por buenas las medidas anunciadas por el gobierno mexicano.
También sostuvo que otro reclamo central fue la falta de sentencias en materia de desaparición, derivada de investigaciones deficientes y ausencia de capacidades institucionales para perseguir el delito y sancionar a los responsables.
Igualmente criticó que el alto comisionado hablara favorablemente de la reforma judicial sin advertir riesgos en materia de autonomía e independencia.
Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por enviar a la Corte Interamericana asuntos vinculados con esa reforma y, sin embargo, el funcionario internacional habló de pluralismo jurídico y confianza pública. Según García, omitió cuestionar “la falta de autonomía, ni la falta de independencia, ni la sumisión del poder judicial actual a los designios del poder”.
La defensora sostuvo que la dimensión de la crisis no se limita al número oficial de personas desaparecidas, sino al daño extendido sobre las familias. Indicó que si se considera una cifra de 130 mil personas desaparecidas y se multiplica por al menos cinco integrantes cercanos por núcleo familiar, se observa una afectación masiva en salud, economía, empleo y tejido social.
Consideró que la activación del artículo 34 podría abrir paso a mecanismos de cooperación internacional más robustos y que uno de los modelos deseables sería una comisión internacional contra la impunidad para México, semejante a la CICIG que operó en Guatemala con respaldo de la ONU.
Recordó que ese mecanismo permitió investigar redes de corrupción, estructuras criminales y complicidades de altas autoridades, por lo que estimó que una instancia similar podría contribuir a procesos de verdad y justicia en México.
