El final del camino
Aunque ya hablamos de ello, conviene insistir en el tema de las finanzas públicas, porque estamos en un momento muy delicado. El gran boquete causado por López Obrador para asegurar la elección de 2024 no se ha podido tapar, y todo indica que ya no hay tiempo para ello. Ese boquete tiene su origen en obras faraónicas que hoy no producen dinero, sino pérdidas, y en un “gasto social” que, en realidad, era compra de votos. Para evitar un déficit como el de ese año, el gobierno ha reducido al mínimo posible la inversión, pero el “gasto social” no lo puede reducir, porque el apoyo popular depende de ello.
En 2023 y 2024, los “apoyos sociales” crecieron al 12% real anual, el doble del crecimiento de las pensiones normales. Para 2025, ese gasto dejó de crecer, pero, debido al envejecimiento poblacional, podemos esperar que tenga un crecimiento similar al de pensiones, que es del 6% anual real. Esto significa que, si en 2025 las pensiones, subsidios y transferencias sumaron tres billones de pesos, es posible esperar que este año y el próximo crezcan alrededor de 300 mil millones cada año, ya considerando una inflación del 4%, que es lo que esperan los especialistas.
El gasto no programable, que se compone de las participaciones a entidades federativas y del costo financiero, ha crecido más o menos al mismo ritmo en los últimos dos años, y no hay razón para esperar un cambio. Pasaría de 2,7 billones el año pasado a casi tres en este, y un poco más de 3,2 billones en 2027. El resto del gasto se compone del gasto de operación (sueldos, materiales, etc.) y de la inversión. Supongamos que ambos se mantienen prácticamente en el mismo nivel que hoy, nada más actualizados por la inflación. Hablamos de cuatro billones de pesos el año pasado, que alcanzaríamos 4,2 billones para 2027.
A la hora de sumar, el gasto total del sector público pasará de 9,6 billones en 2025 a 10,3 en este año y 11,3 en 2027. Los ingresos del gobierno han estado creciendo a un menor ritmo que los dos rubros iniciales de gasto, pensiones y no programables. Tampoco hay razón para esperar un cambio, así que pasaremos de los 8,3 billones del año pasado a 8,7 en este y 9,2 en 2026. El déficit en este año será de 1,6 billones (250 mil millones más que el año pasado) y casi 1,9 billones en 2027.
En todo lo anterior no hemos hablado del PIB, que no tiene impacto en los gastos del gobierno. Lo puede tener en los ingresos, especialmente a través de impuestos. Sin embargo, para evaluar el peso del déficit se acostumbra hacerlo en proporción del PIB. Como ya sabes usted, Hacienda espera que crezcamos como lo hacíamos antes de que llegaran ellos. En los 40 años anteriores a 2019, México creció al 2.3% promedio anual. Es la meta de este año, frente a las estimaciones de los especialistas, que promedian el 1,5%. Parece una diferencia importante, pero no lo es tanto. Es tan rápido el crecimiento de pensiones y gasto no programable, que la variación en el déficit resulta menor. Casi con seguridad, este año el déficit estará alrededor del 4,3% del PIB, y para el año próximo cercano al 4,8%. Eso está lejos de lo que Hacienda ha prometido desde 2024.
No hice estimaciones más a futuro, para no ser pesimista, pero la tendencia es muy clara. El gasto en pensiones y jubilaciones crecerá al ritmo mencionado por varios años más, en lo que termina la generación que alcanzó la ley del IMSS de 1973. El “gasto social” dependerá de si el gobierno quiere arriesgar su “popularidad”. El gasto no programable responde no solo a la tasa de interés (que en plazos largos no baja) sino al monto creciente de la deuda. Sin inversión, la economía no crece, ni la recaudación. Llegamos al final del camino.
